La Constitución es la expresión de la voluntad del pueblo.

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Con la autoridad que le ejerce el magisterio, la vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo, doctora Martha Prieto Valdés, inició el diálogo con los periodistas donde se aclaró que su objetivo no era “polemizar sino plantear algunas cuestiones técnicas” en relación con el Proyecto de Constitución que por estos días se lleva a consulta popular.

En la Casa de la Prensa la destacada profesora de la Universidad de La Habana abordó algunos elementos en la ponencia denominada Constitución, Estado, individuo y sociedad. Cuba 2019, en la cual argumentó la trascendencia de la propuesta de Carta Magna y la labor que deben desempeñar los periodistas, comunicadores y socializadores de la información, no solo “ahora en el debate”, sino en el futuro mediato, pues “la diversidad de ideas es valiosa, importante, necesaria, si no no hay construcción de sociedad”.

El haber participado y vivido procesos similares anteriores le brinda a la académica la posibilidad de ver la amplitud del texto actual y comprobar de qué manera se ha atemperado con las condiciones de la Cuba de hoy.

Alertó que podemos tener una Constitución “muy linda”, pero resulta imprescindible instrumentarla, lograr que sus postulados se cumplan, que los principios no se queden en la vaguedad.

Maestra, al fin y al cabo, como aseguró, prefirió —para evitar confusiones e interpretaciones— definir qué es una Constitución.

Se ha planteado en reiterados momentos — subrayó— que es un texto de principios, es verdad. Pero no solamente. Es ley y las leyes son para aplicarse; debe quedar claro que es un conjunto de normas que establece mínimos y máximos; la base para la construcción del Estado, para la actuación de todos.

“Si estamos hablando de que la Constitución es la expresión de la voluntad soberana de un pueblo, ¡por encima del pueblo, el pueblo! Por lo tanto, ahí están el qué y el cómo, los márgenes, los límites jurídico-políticos, el tope de hasta dónde se puede actuar y lo permiten las leyes”.

Explicó que tales límites no se refieren únicamente a la actuación de los ciudadanos, sino también de los entes sociales, públicos, administrativos, empresariales. “Por lo tanto, el mirar hacia lo que está pautado nos posibilita como pueblo saber hasta dónde pueden actuar esas instituciones, en qué se han sobrepasado o no han cumplido”, nos sirve de instrumento de control.

Al referirse a los debates que por estos días tienen lugar, comentó el tema de las quejas (artículo 64, Título IV Derechos, Deberes y Garantías), pues en este sentido consideró inadecuado el término de respuestas oportunas. “A la administración hay que ponerle tiempo para después poder exigir, porque ella es un servidor público”.

Dijo que durante muchos años se pensó en esta desde arriba, mirándonos hacia abajo. Sin embargo, existe en función de todos. Como es lógico, “nosotros cumpliremos los deberes, pero también tenemos derechos”. Llamó a mantener el equilibrio entre unos y otros, para no lesionar estos últimos.

Desde esta perspectiva insistió en ver la Constitución como garantía y acabar de entender que es jerarquía superior. “¡Por encima de ella nadie, salvo el pueblo en referendo popular!”.

Al abordar algunos elementos vinculados con las novedades que plantea el Proyecto en relación con la estructura del Estado y su organización territorial, subrayó que se trata de cambios esenciales que —por ejemplo— permitirá al jefe de Estado ocuparse de las cuestiones principales del país.

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En cuanto a los derechos manifestó que el documento contempla modificaciones fundamentales, como es el de la ciudadanía efectiva, pues el texto actual establece que se pierde la cubana si se adquiere una extranjera. “Es un principio —aseveró— que viene desde las constituciones mambisas, lo hemos querido conservar”, pero hoy la realidad es otra.

Entre algunos de los presupuestos para el disfrute de los derechos, mencionó la progresividad de estos (sobre todo teniendo en cuenta los avances tecnológicos), la proscripción de la discriminación por razón de origen étnico, identidad de género, orientación sexual, y discapacidad, entre otros.

Los derechos están limitados porque son para ser ejercidos en sociedad, pensando en la seguridad, el bienestar colectivo y el respeto al orden público. “No puede ser el abuso de mi derecho para afectar al otro”, enfatizó.


Sugieren incluir derecho a eutanasia en la nueva Constitución de Cuba.

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La inclusión del derecho a la eutanasia en el articulado de la Constitución sobresalió entre las sugerencias de los trabajadores de Paradiso, agencia de Artex especializada en turismo cultural, quienes debatieron en esta capital la propuesta de nueva Carta Magna.

El criterio, expresado por Alina Báez, consiste en añadir a los Derechos Individuales contemplados en el título IV del documento, la posibilidad de decidir el fin de la vida de un paciente que padezca una enfermedad terminal, para evitar sufrimientos.

Al fundamentar su proposición, Báez consideró que se trata de un asunto “polémico desde el punto de vista de la ética médica”, pero que no se debe soslayar pues existen casos donde “no tiene sentido” prolongar el dolor de personas agonizantes.

Martha Bacallao, al intervenir en el análisis, pidió que en el artículo 89 del propio acápite, se incluya el derecho de los nacionales a disfrutar de embarcaciones de recreo, actualmente prohibidas a los cubanos residentes en el país.

En cuanto al título de los Fundamentos Económicos, otra sugerencia de Alina Báez fue añadir en el artículo 25 que el Estado, además de crear y organizar, autorice empresas con el objetivo de desarrollar actividades económicas de producción y prestación de servicios.

Dentro de las novedades contenidas en el proyecto constitucional, está el reconocimiento a la propiedad privada, lo cual implicaría cambios en normas jurídicas actuales y el surgimiento de otras como la Ley de Empresas, para regular toda la actividad empresarial del país.

Una de las dudas expresadas por el trabajador Juan Ramón Ávila, fue la relacionada con los servicios de salud, debido a que entre lo estipulado en la propuesta de Carta Magna, si bien se define que la salud pública es un derecho y los servicios de atención, protección y recuperación son gratuitos, se deja para una futura normativa “el modo en que se prestan”.

Ramón Rodríguez, uno de los especialistas que guió el debate, reiteró que “los servicios de salud siempre serán gratuitos”, aunque como se especificó en la última sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, existirán prestaciones exclusivas, de naturaleza estética, que podrán cobrarse.

En materia de política educacional, científica y cultural, Damaris Cabrera propuso incorporar al artículo 95 el estudio de la Constitución desde edades tempranas, pues en dicho apartado sólo se habla, entre otros elementos, de promover el conocimiento de la historia de la nación y la formación de valores éticos en los educandos.

A tono con lo expresado el 26 de julio último por el General de Ejército Raúl Castro, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el éxito del trascendental ejercicio político y democrático de debate popular que se extenderá hasta el 15 de noviembre próximo, dependerá de la participación activa y comprometida de todos.


Cubanos proponen modificaciones al proyecto de nueva Constitución.

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Los cubanos prosiguen los análisis del proyecto de nueva Constitución de la República, para cuyo articulado proponen cambios, como parte de un amplio proceso de consulta iniciado el pasado 13 de agosto.

En una reunión realizada en el Círculo Social obrero Otto Parellada, de la capital, los trabajadores se refirieron, entre otros, a aspectos de los Fundamentos políticos y Económicos de la nación.

Según el ciudadano Néstor Camejo, el Artículo número 12 del proyecto debería precisar que las relaciones con cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o coerción de una nación extranjera, en lugar de potencia, como indica actualmente el documento.

    ARTÍCULO 12. La República de Cuba repudia y considera ilegales y nulos los tratados, pactos o concesiones concer­tados en condiciones de desigualdad o que desconocen o disminuyen su so­beranía e integridad territorial. Las relaciones económicas, diplo­máticas y políticas con cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amena­za o coerción de una potencia ex­tranjera.

Por su parte, Ángel Luis Soler, celebró el acierto del texto al señalar al trabajo como valor primordial de la sociedad, no obstante, dijo que debe garantizarse que ese sea verdaderamente la fuente principal de ingresos.
Deberes y derechos ciudadanos a debate

Según Diana Carvajal, otra de las asistentes a la reunión capitalina sobre el proyecto de Constitución, el Artículo 70, relativo a las obligaciones de padres e hijos, debería hacer referencia expresa a ciertos deberes de estos últimos hacia sus progenitores.

Carvajal también propuso modificar la redacción del Artículo 82, y que el mismo reconozca el derecho de las personas a una vivienda habitable, según estipulen las leyes, pues la cualidad de digna indicada en el texto actual es subjetiva.

    ARTÍCULO 82. Se reconoce el de­recho de las personas a una vivien­da digna. El Estado trabaja para hacer efec­tivo este derecho mediante progra­mas de construcción de viviendas, con la participación de entidades y de la población, en corresponden­cia con las normas del ordenamien­to territorial y urbano y las leyes.

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, acordó la celebración de la consulta popular entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre, y después de ese proceso el documento regresará para el análisis final.

Al retornar al Parlamento, el documento enriquecido con los aportes de los ciudadanos podría aprobarse o no, y de esa condición dependerá la realización de un referendo.


Ciencia y poder popular en consulta sobre nueva Constitución de Cuba.

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El desarrollo científico de Cuba y el fortalecimiento del poder popular en la base estuvieron entre los temas abordados en la continuación de la consulta sobre el proyecto de nueva Constitución, proceso que hoy cumple su novena jornada.

En el Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical (Inifat), investigadores y técnicos de la entidad ubicada en esta capital destacaron la importancia de la reforma total a la carta magna vigente desde 1976 y realizaron propuestas que a su juicio enriquecerían el texto sujeto a discusión hasta el 15 de noviembre.

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Tanto el doctor en Ciencias Noel Arozarena como el biólogo Alberto Tarraza plantearon la necesidad de potenciar desde la Constitución el impulso a un sector que presenta logros reconocidos a nivel mundial, pese al impacto en el mismo del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla durante casi seis décadas.

El artículo 95 en el inciso f) establece: 'Se estimula la investigación científico-técnica con un enfoque de desarrollo e innovación (...)', pero debe ser más concreto, opinó Tarraza, mientras su colega defendió la disponibilidad de mayores recursos para el trabajo científico.

Arozarena también propuso que el documento aprobado el 22 de julio en la Asamblea Ncional fortalezca el poder popular desde la base, a partir de la profesionalización de los delegados que están en contacto directo con el pueblo en los 168 municipios del país.

Creo que el delegado necesita más tiempo para su trabajo en la comunidad, precisó.

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La propuesta del doctor en Ciencias encontró respaldo en José Fresneda, quien coincidió en la importancia de hacer más efectiva la labor del poder popular en la base.

En otra intervención durante la consulta en el Inifat, Arozarena propuso que el cargo de gobernador, una figura que se crearía con la nueva carta magna, sea de elección popular y no por designación.

Las reuniones en centros de trabajo y los barrios prosiguen este martes en todo el país, en un proceso que llevará al retorno del proyecto a la Asamblea Nacional, órgano que redactará la Constitución con el aporte de los ciudadanos y convocará a un referendo aprobatorio.

La consulta llegará a las universidades y otras instituciones educacionales en septiembre, mes en el cual también está previsto el comienzo de la participación de los cubanos residentes en el exterior, quienes en un proceso inédito tendrán la oportunidad de opinar y de contribuir a la construcción de la nueva carta magna.