Mi Constitución a debate: La potestad de un pueblo.

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Modificar, añadir, eliminar, preguntar…son las matrices del debate que cada barrio cubano lleva a cabo desde el pasado 13 de agosto sobre el Proyecto de Constitución de la República.

Una barriada del municipio Cerro en La Habana nos recibe, vecinos de las calles Estévez, Barbería y Universidad se reúnen Proyecto en mano. Algunos traen por escrito sus propuestas, otros resuelven subrayar con marcadores las dudas; y el resto, lo confiesan, no lo han leído aún, pero participan del debate, observan e intervinen.

A las ocho de la noche, frente de una especie de plazoleta, se sitúa la bandera de la estrella solitaria. Las notas del Himno Nacional indican la arrancada.

Illahy Roque es una de las dos integrantes del dúo que dirige la reunión. Lee los pasos para organizar una discusión sobre la base del respeto a todas las opiniones y refirma la voluntad de ser escuchados – y anotados – todos los criterios a esgrimir.

Alfredo Trigoleto, vecino de Estévez 260 es el primero en opinar. Su inquietud versa en el artículo 15 referido a las libertades religiosas, contenido en el Título I: Fundamentos Políticos; Capítulo I: Principios Fundamentales de La Nación.

    “El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. En la República de Cuba las instituciones religiosas están separadas del Estado y todas tienen los mismos derechos y deberes. Las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración.”

“Estoy de acuerdo con el respeto y las libertades religiosas. Sin embargo, creo que debe quedar plasmado algo respecto a no permitir que existan acciones religiosas que interfieran con la higiene del entorno, u otras manifestaciones que parezcan una amenaza ante determinadas situaciones.”

Trigoleto ejemplifica mencionando los llamados “cambios de vida” que se producen en salas de terapia intensiva en ocasiones, y que provocan malestar psicológico en otros pacientes ingresados.

La siguiente persona en tomar la palabra es Ana Amelia Pino Álvarez, especialista de salud y también vecina de la calle Estévez. Su duda se inserta dentro del Título II: Fundamentos Económicos, en lo referido al artículo 21, inciso d:

    Se reconocen las formas de propiedad siguientes: (…) d) de las organizaciones políticas, de masas y sociales: la que ejercen estos sujetos sobre sus bienes.

Ana Amelia cuestiona cuál es la propiedad de los inmuebles que pertenecen a las organizaciones políticas, sociales y de masas. “Si los miembros de esas mismas organizaciones somos la gente común: es usted, somos los vecinos, somos parte del propio Estado, ¿cuál es el tipo de propiedad relacionado con estas organizaciones? ¿Por qué están independientes?”

Otra intervención ocurre en el capítulo de los Fundamentos Económicos. Jorge Fiallo Salazar propone una modificación al final del inciso f del artículo 21.

    “El Estado estimula aquellas de carácter más social.”

Fiallo sugirió “suprimir esta oración porque la única de las propiedades que se exponen con carácter ‘menos social’ sería la propiedad personal, porque la privada es la que se ejerce sobre determinados medios de producción que generan algo para la sociedad en un sentido general, es decir, que también tienen una trascendencia social. La única que se queda sola entre las que el estado no estimula es la propiedad personal.”

Asimismo, Fiallo expresa en lo referente al Artículo 31, donde dice:

    “El trabajo es un valor primordial de nuestra sociedad.”

“Quisiera que se adicionara: se le reconoce como trabajo todas sus formas de crear, producir o reproducir bienes y valores tangibles o intangibles por medio de acción física o esfuerzo intelectual.”

Fiallo afirma que “generalmente se asocia el trabajo con el despliegue de un esfuerzo físico o energía cinética, pero el gasto de las neuronas, que incluso dicen que es más agotador, ese no tiene siempre la misma consideración. La creación intelectual es un trabajo, la preparación de una clase es un trabajo y realmente no se considera así. Horas frente al alumno, eso es lo que se paga; preparación, no”.

Sobre el Título IV: Derechos, Deberes y Garantías, Ana Amelia Pino expresó:

“Un derecho que tenemos todos los ciudadanos cubanos es tener un pasaporte. Los médicos especialistas, aquellos que no ejercen como Médicos Generales Integrales, están regulados. Para poder solicitar el pasaporte tenemos que empezar una larga cadena de solicitudes que llega hasta el Ministerio de Salud. Es una desregulación vertical. Tener un pasaporte es un derecho, es un documento personal como otro cualquiera, y los médicos regulados no podemos tenerlo. Es entonces una libertad ciudadana que no se cumple para todos”.

Otra vecina, Indira Bailly propone una adición al artículo 48, inciso f del capítulo en cuestión:

    Toda persona como garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso y en consecuencia goza de los derechos siguientes:

    f) recibir asistencia jurídica para ejercer su defensa

Agregar al final de la oración “de manera inmediata”. Es decir, tan pronto como sea detenida la persona deberá tener derecho a recibir asistencia jurídica para el ejercicio de su defensa y no en los términos que están fijados actualmente.

La discusión del Artículo 50 invitó a la reflexión sobre el glosario y las definiciones de leyes.

    Quien estuviere privado de libertad ilegalmente, tiene demrecho a establecer ante tri­bunal competente procedimiento de Habeas Corpus, conforme a las exigencias establecidas en la ley.

Jorge Fiallo expuso que en el artículo 50 referido al Habeas Corpus, existe una nebulosa. “En el glosario, cuando se habla de leyes, se mencionan casi como si fueran equivalentes: decretos, resoluciones, reglamentos, directivas, disposiciones. Esto es delicado, porque de aquí se deriva lo que se puede considerar legal o ilegal.”

“Si en esa unidad alguien determinó por una resolución unilateral que esto debe hacerse así, eso se vuelve ley. Y voy al glosario, y cito:

‘Aunque literalmente el término hace referencia a las disposiciones normativas que aprueba la Asamblea Nacional del Poder Popular’- eso es lo que es ley, lo demás no – Se concibe en el texto además, para referirse a cualquier tipo de norma con independencia del órgano que la emita.

“Muy peligroso eso, porque equipara decreto, resolución, directiva, etc. Mi propuesta es que se debe precisar que Ley no puede ser cualquier directiva de cualquier nivel”.

María Esperanza Milanés Torres, por su parte, respecto al artículo 68, propone:

    “El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Descansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges, los que están obligados al mantenimiento del hogar y a la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que este resulte compatible con el desarrollo de sus actividades sociales”.

En el primer párrafo, la propuesta está derivada en que se mantenga hasta “descansa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyugues”.

Que llegue hasta ahí, porque lo demás está relacionado con deberes y derechos que están regulados en el Código de Familia.

La segunda propuesta está referida al segundo párrafo del segundo artículo. A mi modo de ver, debe quedar redactado de la siguiente manera:

“La ley regula la Constitución, formalización, disolución del matrimonio y los derechos, deberes y obligaciones y demás actos de lo que ellos se derivan”.

La jurista aclara el proceder legal referente a lo anterior En el Código de Familia, además de la obligación de los hijos para con los padres de proporcionarle pensión que es alimenticia, pasa por la comida, el cuidado, la habitación.

También en el Código Penal hay un delito que se llama abandono de menores discapacitados y desvalidos, que contempla y se integra precisamente cuando los hijos desatienden a los padres en condiciones de estas donde no se pueden valer por sí mismos y ahí entra el Código Penal y reprime este comportamiento como delito.

Respecto al artículo 86, Jorge Fiallo propuso que:

    “Todas las personas tienen derechos a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.” Está formulado del modo más general posible. El medio ambiente se puede malograr de muchas formas. Yo sugiero añadir algo que especifique: “Todas las personas tienen derecho a vivir y la obligación de cuidar un medio ambiente sano y equilibrado en el orden físico, químico, biológico y psicológico.”

Por su parte, Ana Amelia expresó su criterio al respecto del artículo 83: “Salud no es solo la ausencia de enfermedad, es el bienestar biológico, psicológico y es un entorno social determinado que tiene la persona. Nadie modifica su cuerpo por banalidad, sino porque eso es parte de lo que esa persona entiende como salud. Cuando hablamos de derechos sociales hay que tener cuidado, porque la salud es uno de los emblemas fundamentales que tiene nuestro país. ¿Vamos entonces a cobrar algún servicio de salud? Eso pudiera ser contradictorio desde el punto de vista general de la salud pública”.

De acuerdo con el Título VI: Estructura del Estado, en su capítulo II: Asamblea Nacional Del Poder Popular y Consejo De Estado, la ciudadana Odelinda Valverde hace una acotación en el artículo 99:

    La Asamblea Nacional del Poder Popular está integrada por diputados elegidos por el voto libre, igual, directo y secreto de los electores, en la proporción y según el procedimiento que determina la ley.

“A mí no me queda claro cómo se eligen la totalidad de los diputados. Sé que hay un porciento que sale de los delegados de base, pienso que en una de las reestructuraciones que se están haciendo que desaparece la Asamblea Provincial y se refuerza la función del Municipio, debe quedar representado en mucha mayor proporción en los diputados, el pueblo. ¿Qué va a pasar con un municipio en el que su economía sea, por ejemplo, la zafra azucarera? No hay más aporte; la provincia no va a repartir de lo que administra a esos municipios y sus delegados no estarán completamente representados en la Asamblea Nacional; porque en los diputados hay una proporción de esos delegados de base, pero hay otros que son por designación: ¿Quién lo designa? ¿Cómo se designan? Pienso que esto hay que modificarlo”.

Referido al mismo artículo, Rubí Despaigne Benítez expresa:

“Si lo que se trata es de empoderar más a los municipios, esto debería decir que: La Asamblea Nacional del Poder Popular está integrada por diputados elegidos por el voto directo y secreto de los electores, los que serán mayoría… ¿Por qué digo los que serán mayoría? La ley electoral hoy dice que los diputados elegidos de forma directa son hasta el 50%. Este año nos quedamos en el 47%, pero podemos quedarnos en el 30%. Si en realidad el municipio va a tener tanta importancia, la mayoría (50 más 1) debe ser diputado de nivel de municipio.

“La Asamblea se reúne en dos períodos ordinarios. Sobre el particular, pienso que dos sesiones son muy pocas. Un verdadero parlamento debe sesionar con más frecuencia y más ahora que nosotros tenemos una cantidad de problemas que suponemos que lo estamos elevando y que se van a resolver. No estoy diciendo que se reúnan los 605, pero de las comisiones permanentes pueden sacarse representantes que ese sea su trabajo”.

Hasta el 15 de noviembre las calles, barrios y localidades de toda Cuba estarán inmersas en un proceso de debate donde cada ciudadano tendrá la oportunidad de decidir por su futuro y el de la patria. Nuestro medio continuará reportando desde algunos de estos sitios en próximos trabajos.


#ReformaConstitucional: Nosotras, la Constitución y el camino.

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Escribo mucho sobre mi abuela materna porque a través de su vida aprendí que las mujeres podían morir de causa desconocida, sin médico, un día cualquiera, en un bohío plagado de hijos; que era posible ser niña y no tener más sueños que dormir sin hambre; que vejar puede ser muy fácil para quienes se saben más fuertes y más ricos.
Cuando mi madre me contaba  aquellas historias, yo intuía los orígenes del carácter austero de abuela Andrea,  viuda de miliciano; y su compromiso político, aun con la enfermedad signando su vejez.

Solo después de enero de 1959, pudo ella aprender a leer y escribir “a derechas”,  recibió un diploma de Corte y Costura y dejó de ser empleada doméstica,  mandó a su hija a la escuela gratuita, y fue al dentista. Era la dignidad toda, y había, poco a poco, que aprender que las mujeres no estaban confinadas a la casa, y que esposo no era amo sino compañero…

Millones de mujeres se pusieron al día con sus derechos tras la victoria que estremeció la Isla y el mundo. Desde las independentistas hasta las que entrado el siglo XX lucharon por diversas garantías civiles y políticas, y las que en la pelea clandestina y en la Sierra arriesgaron la vida por un nuevo orden de cosas, toda la tradición feminista se encauzó en un proyecto de país atravesado por la justicia social.

La batalla no fue solo por ofrecer estudios, oficios y empleos a miles de amas de casa, campesinas, prostitutas… sino por sentar las bases para que las mujeres del futuro crecieran en igualdad de condiciones que los hombres. Así tuvieron las mismas posibilidades de acceso al estudio en todos los niveles, igual salario a igual trabajo, y el derecho a optar por responsabilidades administrativas y políticas. El acceso al aborto legal, seguro y gratuito; a los servicios de planificación familiar; a licencia materna retribuida y atención personalizada durante todo el embarazo… son solo algunas garantías, que se amplían dentro de un contexto social y político favorable a la mujer, a su realización personal y profesional, y su calidad de vida.

También hay “peros”. La misma Federación de Mujeres Cubanas –en cuyo centro está el legado de Vilma Espín, una revolucionaria adelantada en  la visión de  género– que impulsó todas las conquistas antes mencionadas, sigue en la batalla constante contra la violencia de género, las inequidades en la distribución del trabajo doméstico, los estereotipos.

De mi abuela a su nieta hay un inobjetable sendero recorrido; sin embargo, debe seguirse la pelea contra los muros más fuertes (esos que se sostienen sobre el “así ha sido siempre”) para que el empoderamiento de la mujer sea total y en todos los escenarios, y más pujante que los prejuicios. En esa labor paciente y sostenida, de protagonizar “una revolución dentro de la Revolución”, contar con una Constitución que haga énfasis en los derechos y garantías de la mujer es una base poderosa para el futuro que deseamos.

En el proyecto de Constitución que ahora se somete al debate popular, el Artículo 45 dice que la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y responsabilidades en lo económico, político, cultural, social y familiar; y que el Estado garantiza que se ofrezcan a ambos las mismas oportunidades y posibilidades, y propicia la plena participación de la mujer en el desarrollo del país y la protege ante cualquier tipo de violencia.

Asimismo, se reafirma que tienen el derecho y el deber ciudadano de ejercer el voto los cubanos, hombres y mujeres, mayores  de dieciséis años de edad (Artículo 200) y que tienen derecho a  ser elegidos los ciudadanos cubanos, hombres o mujeres, que se hallen en el pleno goce de sus derechos políticos y que cumplan con los demás requisitos previstos en la ley (Artículo 202).

Entre otros motivos lesivos a la dignidad humana, como origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, u origen nacional, el cuerpo constitucional condena la discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual e identidad de género y refrenda que todas las personas  son iguales ante la ley, están sujetas a iguales deberes, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades; y que la violación de este principio está  proscrita y es sancionada por la ley (Artículo 40).

De esta forma, la nueva Constitución que está en manos del pueblo en su función de órgano constituyente, trasluce una equidad de género que igualmente se entreteje con el resto del articulado y tiene con muchos otros postulados puntos de contacto. Seguro, en los días de consulta se darán visiones enriquecidas sobre el tema, y ese es el llamado: usar la inteligencia popular  para lograr al final un texto que no solo nos describa sino que nos ofrezca pautas para avanzar, mediante una visión siempre revolucionaria de todos los asuntos en él contenidos.

Autor: Yailén Delgado Calvo.
Tomado de www.cubahora.cu


Todos estamos representados en la futura Constitución.

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Los trabajadores de la Empresa de Proyectos para Industrias Varias (Eproyiv), enclavada en la capital, se reunieron para la consulta popular del Proyecto de Constitución de la República de Cuba.

Los artículos 73 y 74, relacionados con la obligación del Estado, la sociedad y las familias de proteger y asistir a los adultos mayores y las personas con algún tipo de discapacidad, merecieron la atención de los trabajadores de la Empresa de Proyectos para Industrias Varias (Eproyiv), enclavada en la capital, durante su reunión para la consulta popular del Proyecto de Constitución de la República de Cuba.

A juicio del joven Ernesto Gutiérrez estos artículos también deberían incluir el respaldo y apoyo a las personas cuidadoras, quienes se ven obligadas a posponer durante meses, quizá hasta años, sus proyectos de vida.

En relación con el artículo 84 que aborda el tema del derecho de los ciudadanos a la educación, Arturo Fernández solicitó que desde la Constitución se establezca la posibilidad de que los interesados en continuar estudios de posgrado —no incluidos entre los servicios gratuitos— puedan acceder a ellos a través de créditos bancarios.

Sobre el tema del salario, Hilda Yañez propuso adicionar que el Estado trabaje para lograr una mayor equidad entre el salario promedio y la obtención de bienes y servicios. En tanto, Reina Mitjans, Everaldo Díaz y José Delgado coincidieron en que mientras el Presidente y el Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros estén en plena capacidad de ejercer sus funciones y gocen del apoyo del pueblo, no debería existir una limitante de edad para comenzar el ejercicio de sus funciones.

En la consulta popular de los trabajadores de Eproyiv, además, fue motivo de dudas lo relacionado con la ciudadanía efectiva, y Sarays Figueira Rodríguez, una de las integrantes del dúo encargado de dirigir la reunión, explicó que si bien esta es la primera vez que nuestra Ley de leyes reconocerá que se pueda tener una doble ciudadanía, en territorio nacional los ciudadanos cubanos se rigen por esa condición, y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera.

Precisamente sobre este tema, Ernesto Soberón, director de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior de la Cancillería, explicó recientemente a la prensa que la ciudadanía efectiva es un principio de derecho y no una norma jurídica. Y que en la Isla se necesitaba incluirlo en la Constitución, con el fin de que tenga posteriormente un reflejo en normas correspondientes.

Igualmente, el funcionario señalaba que los cambios fundamentales propuestos responden a que con la adopción de una nueva ciudadanía no se pierde la cubana, pero que una vez en el territorio nacional, el ciudadano cubano se rige por esa condición y solo puede hacer uso de la misma y no de la ciudadanía extranjera.


Analizan Proyecto de Constitución combatientes de Inmigración y Extranjería.

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El Proyecto de Constitución de Cuba, es moderno y va con los nuevos tiempos, afirmaron en el análisis del documento, combatientes del órgano de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, en Santiago de Cuba.

Raciel Sigüenza, jefe de esa unidad, especificó que es inclusiva y mantiene los derechos que hemos tenido, como la igualdad, la no discriminación, la salud, la educación, la vivienda.

Otras opiniones fueron sobre las modificaciones a las estructuras de los órganos locales del Estado, reformas sobre la ciudadanía, ahora basada en el principio de ciudadanía efectiva, y garantías que establece el Proyecto para proteger a los ciudadanos.

Yailin Fernández, refirió que en el artículo referido a la obligación de los hijos a atender a los padres, se debe añadir la palabra proteger, porque es deber de la familia y no solamente del Estado.

Combatientes del órgano de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, en Santiago de Cuba, explicaron también que en principios como los plasmados en el Capítulo II del Proyecto de Constitución Derechos individuales, se basa la esencia humanista de la sociedad en la Isla.

Aspecto polémico en la reunión fue la modificación del concepto de matrimonio, al respecto Marciano Galindo afirmó que, si bien no está en contra del derecho de las personas a disfrutar de su orientación sexual, opina que no debe reconocerse ese tipo de uniones.

Y lo hizo, basándose en la necesaria proliferación de la familia, en medio de una población envejecida como la cubana, y la educación de los hijos.

Luis Orozco, integrante del dúo que guió el intercambio, dijo que esclarecen a los participantes para que tengan más conocimientos, sobre la base de los elementos jurídicos y estructurales, para una mayor certeza en los criterios.