Ciencia y poder popular en consulta sobre nueva Constitución de Cuba.

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El desarrollo científico de Cuba y el fortalecimiento del poder popular en la base estuvieron entre los temas abordados en la continuación de la consulta sobre el proyecto de nueva Constitución, proceso que hoy cumple su novena jornada.

En el Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical (Inifat), investigadores y técnicos de la entidad ubicada en esta capital destacaron la importancia de la reforma total a la carta magna vigente desde 1976 y realizaron propuestas que a su juicio enriquecerían el texto sujeto a discusión hasta el 15 de noviembre.

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Tanto el doctor en Ciencias Noel Arozarena como el biólogo Alberto Tarraza plantearon la necesidad de potenciar desde la Constitución el impulso a un sector que presenta logros reconocidos a nivel mundial, pese al impacto en el mismo del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla durante casi seis décadas.

El artículo 95 en el inciso f) establece: 'Se estimula la investigación científico-técnica con un enfoque de desarrollo e innovación (...)', pero debe ser más concreto, opinó Tarraza, mientras su colega defendió la disponibilidad de mayores recursos para el trabajo científico.

Arozarena también propuso que el documento aprobado el 22 de julio en la Asamblea Ncional fortalezca el poder popular desde la base, a partir de la profesionalización de los delegados que están en contacto directo con el pueblo en los 168 municipios del país.

Creo que el delegado necesita más tiempo para su trabajo en la comunidad, precisó.

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La propuesta del doctor en Ciencias encontró respaldo en José Fresneda, quien coincidió en la importancia de hacer más efectiva la labor del poder popular en la base.

En otra intervención durante la consulta en el Inifat, Arozarena propuso que el cargo de gobernador, una figura que se crearía con la nueva carta magna, sea de elección popular y no por designación.

Las reuniones en centros de trabajo y los barrios prosiguen este martes en todo el país, en un proceso que llevará al retorno del proyecto a la Asamblea Nacional, órgano que redactará la Constitución con el aporte de los ciudadanos y convocará a un referendo aprobatorio.

La consulta llegará a las universidades y otras instituciones educacionales en septiembre, mes en el cual también está previsto el comienzo de la participación de los cubanos residentes en el exterior, quienes en un proceso inédito tendrán la oportunidad de opinar y de contribuir a la construcción de la nueva carta magna.


Cuba atempera proyecto de Constitución a su realidad migratoria.

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En el proyecto de Constitución sometido por estos días a debate popular en Cuba, uno de los acápites que más dudas genera es el relacionado con el de la ciudadanía, sobre la cual se introducen nuevos conceptos en ese documento.

El hecho de admitir la doble ciudadanía es una de las novedades más significativas del texto aprobado el 22 de julio último por la Asamblea Nacional del Poder Popular, pues se suprime que “cuando se adquiera una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana”, como establece el artículo 32 de la vigente Carta Magna.

En correspondencia, ahora se propone la ciudadanía efectiva en el artículo 35, en el que se lee que “los cubanos en el territorio nacional se rigen por esa condición, en los términos establecidos por la ley, y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera”.

La inclusión del principio de derecho antes mencionado, se da por una realidad que no puede soslayarse desde la actualización de la política migratoria de la Isla en 2013, y es el aumento de los viajes de cubanos hacia y desde el exterior, y la existencia de un número importante de nacionales que ostentan residencia o ciudadanía de otros países.

En diálogo con la Agencia Cubana de Noticias, Ernesto Soberón, director del Departamento de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior (Daccre), subrayó que los cambios “responden a la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y actualizar esa Carta Magna que data de momentos cuando la situación migratoria era diferente”.

El funcionario de la Cancillería apuntó que resultaría un contrasentido mantener el mismo tratamiento que se le otorga al tema en la Ley de leyes vigente (1976), “cuando en la práctica lo que sucede es que varias personas tienen dos ciudadanías, en contraposición con los preceptos constitucionales”.

Similar reflexión ofreció ante los diputados el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, cuando reconoció que si se aplicara en el sentido justo la actual Constitución, “cientos de miles de cubanos que han adquirido ciudadanía extranjera perderían la cubana”.

También precisó que “en la historia constitucional del país nunca nos afiliamos a la doble ciudadanía, pero ante esta cuestión práctica, se plantea en el Proyecto el modelo de ciudadanía efectiva”, principio que necesitaba reflejarse en la norma jurídica suprema de la nación.

A juicio de Soberón, el primer beneficio es que ya se está plasmando en el proyecto de Carta Magna, y “a partir de entonces habrá que actualizar el resto de las normas jurídicas relacionadas para que luego tenga sustento”.

Cuba, por ejemplo, no tiene una Ley de ciudadanía, que deberá crearse junto con otros cuerpos legales a fin de regular todo cuando pauta la próxima Constitución.

Sí existe una Ley de migración (1976), actualizada y concordada con decretos-leyes en 2012 y 2015, mientras que en enero de 2018 entraron en vigor cuatro nuevas medidas en virtud de fortalecer aún más las relaciones del Gobierno con los nacionales radicados en otras latitudes.

En el caso de la ciudadanía efectiva, insistió Soberón, habrá que esclarecer en las normas jurídicas complementarias los derechos y deberes que también tendrían en suelo nacional los ciudadanos cubanos con residencia en el exterior, o que disfruten de otra ciudadanía.

Ante las recurrentes dudas con respecto a las cuestiones migratorias, el director del Daccre subrayó que un cubano, amén de tener otra ciudadanía, debe hacer uso del pasaporte cubano en territorio nacional, tanto para ingresar como para salir, de acuerdo con lo dispuesto.

Especificó que ello no varía en caso de tener un pasaporte español, que podrá seguir empleándose pues éste sólo constituye “el permiso o visa para entrar o salir del país de destino”, lo cual “no quiere decir que la persona esté saliendo de Cuba como ciudadano español”.

En otro orden, en el documento constitucional propuesto se mantienen varios postulados vinculados con la adquisición de la ciudadanía “por nacimiento o naturalización”, así como también pérdida de la misma.

Una de las novedades introducidas en el texto es la renuncia a la ciudadanía, y la modificación de que será el Presidente de la República quien autorizará la obtención de la cubana a personas privadas arbitrariamente de su ciudadanía de origen, facultad que hoy atañe al Consejo de Estado.


Consulta popular, derecho y deber de los cubanos.

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Los cubanos estamos acostumbrados a debatir y analizar todo documento esencial para el desarrollo de la nación.

Así ha sido siempre, refiere la doctora Liliana La Rosa, quien ejemplificó como se hizo con los Lineamientos de la Politica Económica y Social, y el Código de Trabajo, entre otros.

Al participar en el debate acerca del Proyecto de Constitución en el Policlínico Nguyen Van Troi, en el municipio de Centro Habana, agregó que ella ratifica en el Título 1, Capítulo 1, todos los Artículos referidos a los Fundamentos Políticos de la nación.

Insiste en que es vital que todos los ciudadanos sean conscientes de que el Partido Comunista, como vanguardia organizada del país, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado.

Puntualizó también que la irrevocabilidad del socialismo cubano es algo puntual en el Proyecto de Constitución.

Ciudadanos constituyentes

En el Círculo Social Armando Mestre Martínez, de Playa, se realizó la consulta sobre el proyecto de Constitución con la mayoría de sus trabajadores.

Maricel Ayarde Pérez, jefa de Recreación de ese centro, opinó que no entendía por qué la terminología de gobernador, vicegobernador e intendente se proponía cuando esas nomenclaturas responden al capitalismo.

Explicó que esos cargos existían en el país antes de la Revolución, y señaló que es importante explicarles muy bien a las nuevas generaciones volver a esa nomenclatura.

La consulta popular sobre el Proyecto de Constitución en el Policlínico Van Troi, de Centro Habana, y el Círculo Social Obrero Armando Mestre, de Playa, ejemplifican cómo los cubanos somos constituyentes desde el triunfo de la Revolución.


Claves para el debate en Cuba.

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Si bien la Reforma Constitucional implica cambios sustanciales en nuestra norma principal, existen aspectos en los que se mantienen principios que son fruto del proceso revolucionario, al tiempo que se atempera a la realidad actual lo que nos concierne como habitantes de este mundo.

Cubahora continúa el análisis del contenido del Proyecto de Constitución de la República por capítulos y explicando las semejanzas y diferencias del texto con respecto al vigente, promulgado en 1976.

En el ámbito de las relaciones internacionales, el Proyecto de Constitución dedica un capítulo completo a su normativa. Basada fundamentalmente en principios que históricamente han sido defendidos por los próceres de nuestro proceso revolucionario -paz digna, respeto a la independencia, derecho a la autodeterminación-, la propuesta trae a colación temas que son de interés de los cubanos en su relación con el mundo.

Aunque se erige en base a lo redactado en 1976, el articulado propuesto incluye como aspecto novedoso la protección y defensa al medio ambiente. En este sentido, hace referencias al enfrentamiento al cambio climático, tema que bien pudiera contemplarse como una cuestión de Seguridad Nacional. Nuestra condición de país insular, expone a nuestra población a peligros como el aumento del nivel del mar, el incremento de los huracanes intensos y las sequías, todo lo cual perturba la vida económica y social del Estado. Ello sin adentrarnos en el tema de los costos por estos eventos, que sin dudas impactan negativamente en las posibilidades de desarrollo del país.

El nuevo texto propone, además, un grupo de elementos que, si bien explican la posición de Cuba sobre el orden económico internacional vigente y los patrones de consumo, no aclaran qué derechos, deberes o garantías concurrirán para expresar o hacer tangible esa voluntad. Entiéndase que, por ejemplo, al referirnos a nuestra disconformidad con el actual orden económico internacional, en el Proyecto no se expresa la conducta (acción u omisión) en torno al tema más allá del planteamiento general del problema. Al respecto, nos permitimos sugerir la inclusión como medida de enfrentamiento con rango constitucional: la no participación en los mecanismos económicos y de concertación que desfavorezcan, agredan o disminuyan la soberanía económica, comercial o monetaria del estado cubano.

El Proyecto también refiere en su Artículo 39 la defensa de los Derechos Humanos, los cuales se interpretan “de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Cuba”. A nuestro juicio, sería conveniente una definición ajustada a la visión de la Revolución Cubana, aunque se deba tener en cuenta lo que está legislado internacionalmente. No en todos los lugares de este mundo se tienen los mismos derechos consagrados como humanos. Los cubanos, por ejemplo, gozan el privilegio de conquistas que no existen en otras latitudes.

A pesar de no estar incluido en la Constitución de 1976 de manera explícita, en el espíritu de la actividad internacional de Cuba siempre se ha puesto de manifiesto el principio de lucha por el desarme nuclear total, que ahora sale refrendado en el Proyecto de manera directa. Al tema nuclear se suma en el nuevo texto, el repudio contra todas las armas de exterminio en masa, la ciberguerra y, en sentido general, las acciones violentas que transgredan el Derecho Internacional Humanitario.

Se incluye la condena a todas las formas de terrorismo, en especial el de estado y la necesidad para la paz de la construcción de una sociedad del conocimiento  y la información así como la democratización del ciberespacio.

Como elemento novedoso, el Artículo 17 del Proyecto señala que lo prescrito por nuestro país en tratados internacionales se integra al ordenamiento jurídico cubano. Este particular ameritaría una traducción o filtro que permitiera asentar lo suscrito, sin generar conflictos jurídicos ni políticos, sobre todo cuando se trate de cuestiones que sean interés de Estado. Es probable que los convenios y tratados internacionales sean redactados de acuerdo con visiones y enfoques que disten de lo que en materia de derecho sea posible ejecutar en Cuba. Por ende, pudiera ser necesario incluir la alusión a un procedimiento de revisión para implementarlos con efectos legales en la nación.

En los temas de ciudadanía, el cambio principal está en que si antes no se podía tener doble ciudadanía, ahora se reconoce el derecho a poseer ambas, aunque en territorio nacional solo surta efecto la cubana. Esto es lo que se llama en el Proyecto “ciudadanía efectiva”: un paso de avance, sin dudas, que coloca la propuesta a tono con una práctica que ha ido en aumento a nivel internacional, por lo que varias constituciones han incluido este derecho. Se incluye como facultad del Presidente de la República de Cuba, otorgar la ciudadanía a aquellas personas que arbitrariamente han sido despojados de la condición de ciudadanos en sus países.

Fragmento de la intervención de Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, al presentar el Proyecto de Nueva Constitución, en la más reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El régimen económico de Cuba cambia, en un proceso que lleva más de diez años. Para empezar a entender lo que se propone en el texto, es imprescindible remitirse a dos documentos: los Lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba y la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano.

Cuba mantiene su visión socialista de la economía, cuya base es la planificación centralizada, incluyendo ahora el mercado como un elemento a considerar en las relaciones económicas, sociales y culturales.

La empresa estatal socialista sigue siendo el actor económico principal, a quien se le concede autonomía en la administración y gestión de los recursos. Ello significa que se apuesta por la capacidad de dichas empresas, objetivo que está muy claro en los documentos porgramáticos del modelo económico y social cubano. El reto, como todos sabemos, es minimizar los desafíos internos y externos que debe enfrentar para que pueda desarrollar sus potencialidades.

Pero el cambio más significativo es el de la incorporación de la propiedad privada en nuestras dinámicas productivas y económicas. Lo cierto es que la propiedad privada (de hecho) existe en Cuba desde hace algún tiempo. No en la misma magnitud ni con el mismo significado en lo simbólico y social que puede llegar a alcanzar, pero ya está aquí.

Se entiende que el Estado necesita desatar todas las fuerzas productivas de la nación para llevar adelante la construcción de un modelo de sociedad humanista. Por ello, dar posibilidad de participar al cubano en el mundo de los negocios y empresarial, que es el fin de esta medida, es una necesidad.

Existen personas naturales en Cuba que han acumulado capital como resultado de su trabajo o ayuda familiar, el cual no es despreciable y, bien empleado en la economía nacional, puede llegar a ser un elemento dinamizador. En Cuba ya hay negocios que no deben ser tomados a la ligera: hostales de 10 habitaciones, restaurantes de 50-60 mesas, empresas de shows, decoraciones, fabricantes de materiales de construcción, transportistas con más de 4 autos, entre otros. Todo ello muestra que existe un entorno económico con posibilidades de crecimiento que pudiera tener un repunte con este reconocimiento.

Es una cuestión de enfoques, en los que se deben mezclar necesariamente el jurídico y el político. No se le debe temer a la propiedad privada. Tampoco será en lo adelante un enemigo a batir, aunque por definición nuestra sociedad trabaje por eliminar la explotación del hombre por el hombre. Será un deber del Estado velar que el dueño del negocio privado respete lo que en cuestiones de derechos laborales han ganado los trabajadores cubanos. Será hora de que el dueño y el empleado dejen de estar en la misma sección sindical, como sucede ahora. Tendrá el Sindicato (por sectores) que jugar un rol más activo en el trabajo con las personas que forman y formarán parte de la masa de trabajadores que laborarán en otra forma de propiedad. De igual manera, la Unión de Jóvenes Comunistas y el Partido Comunista de Cuba deberán desempeñar roles más proactivos en el trabajo ideológico, porque, tal y como mencionaba anteriormente, se trata también de un cambio cultural.

Y esa transformación deberá defender estándares de alta calidad y los mejores valores cívicos y socioculturales de los cubanos y de la sociedad socialista que construimos. Es una cuestión que requiere la atención de todos, que debe tener una correcta regulación y que implica una transformación en cuanto a la forma en que se expresan las relaciones laborales y socio-clasistas.

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Pese a que el reconocimiento de la propiedad privada es uno de los temas que mayor polémicas o dudas atrae, según se observa por estos días, es oportuno destacar que no es el único cambio en este tópico. El Proyecto redefine las formas de propiedad de manera que la única que queda tal cual existe hoy es la propiedad personal. Aunque el nuevo texto propone varios cambios, se entiende que las anteriores formas son asimiladas ahora a través de conceptos que se vislumbran más amplios. Igualmente, surge un nuevo tipo de propiedad que es la mixta, compuesta por dos o más formas de propiedad.

Sobre otra de las cuestiones de mayor interés, la propiedad del pueblo, se puede advertir que tanto el texto constitucional vigente como el proyecto, son semejantes en términos generales.

Cubahora continuará este análisis de los capítulos del Proyecto de Constitución de la República, como parte del proceso de Reforma Constitucional...

TOMADO DE CUBAHORA