Intervención en Río casi sepulta reforma jubilatoria de Temer


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La intervención militar en Río de Janeiro ordenada hoy por el presidente Michel Temer virtualmente sepulta la intención del gobierno de aprobar antes que concluya febrero la impugnada reforma jubilatoria impulsada por el propio mandatario brasileño.

Según manifestó el titular de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia, la imposibilidad de debatir y aprobar la propuesta de enmienda constitucional (PEC) que modifica el sistema de jubilaciones obedece a que la Carta Magna no puede ser modificada cuando estuviera vigente una intervención federal, el estado de defensa o el estado de sitio.

La Cámara baja, anticipó, no votará hasta el lunes o martes próximos el decreto de intervención federal y el Senado solo lo hará un día después que esto ocurra.

Maia reconoció en declaraciones amplificadas por el portal Congreso en Foco que no fue consultado sobre la intervención militar, acordada entre Temer y el gobernador del Estado Luiz Fernando Pezao, y advirtió que el Gobierno no puede fallar en la estrategia: 'es un triple salto mortal sin red. No puede haber errores', remarco.

Al justificar hoy la promulgación del decreto, el inquilino del Palacio de Planalto alegó que el crimen organizado casi tomó cuenta del Estado de Río de Janeiro y constituye 'una metástasis' que se extiende por el país y amenaza la tranquilidad de la ciudadanía.

'Tomo esta medida extrema porque las circunstancias así lo exigen', dijo y aseguró que el gobierno 'dará respuestas duras, firmes y adoptará todas las providencias necesarias para enfrentar y derrotar al crimen organizado'.

Por su parte, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado Federal, Lindbergh Farias, aseveró que la intervención federal en la seguridad de Río de Janeiro 'representa un eufemismo para encubrir una ocupación con motivaciones políticas'.

Mientras, en declaraciones a la TV247, el diputado federal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Glauber Braga, alertó que la restricción de derechos que se derivará de la medida afectará sobre todo a las comunidades más vulnerables y solo creará una 'pseudo sensación de seguridad'.

Río, sostuvo el legislador, vive la ampliación de un estado de sitio.

Está claro que la intervención en los Estados, aunque prevista en la Constitución de 1988, supone una ruptura del orden democrático y su primera consecuencia será la vuelta de los generales al poder en la segunda mayor entidad federativa del país, indicó por su parte el periodista Alex Solnik.

En un comentario difundido por el diario digital Brasil 247, Solnik afirmó no percibir en la situación de la capital fluminense elementos que caractericen 'un grave comprometimiento del orden público' (lo cual justificaría la intervención), e instó a los legisladores a no aprobar la medida 'que es el camino más corto para la dictadura'.

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