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Sala Tercera de lo Penal del Tribunal Provincial de Holguín, en Banes

Impartir justicia es siempre una cuestión que implica riesgos, ejemplos sobran en cualquier parte del mundo. Para los jueces cubanos, profesionales o legos, esa realidad es diferente, pues cuentan con el respaldo y la protección del Estado y sus autoridades.

Pero la Covid-19 no cree en credos, profesiones, edades ni creencias políticas, por eso el Sistema de Tribunales de Cuba ha sido coherente con las medidas orientadas por las máximas autoridades del país para la prevención y control de la enfermedad, tomando en cuenta que estas instituciones continúan su funcionamiento.

La Sala Tercera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Holguín, en Banes, aplican las medidas de prevención con responsabilidad, cuidando la salud de todos sus trabajadores. Según la Especialista Adria Rodríguez Romero, presidenta de la Sala Tercera, se creó a nivel de país el Plan Nacional que regula las acciones a realizar ante el avance de la epidemia, y que fue adecuada en cada estructura judicial, con medidas de prevención y control para disminuir el riesgo de su diseminación y las afectaciones al personal de la institución.

En una primera etapa, se centraron en la capacitación, apoyados por el personal de la salud y creando las condiciones para reducir al mínimo los riesgos. Diariamente se realizan las pesquisas en todas las áreas por parte del personal encargado de este monitoreo. “Existen trabajadores acogidos a la modalidad del trabajo a distancia, acorde al tipo de trabajo que efectúan, principalmente, los jueces, a todos los que se les paga el 100 por ciento del salario y el estipendio por concepto de alimentación. Se realizó un levantamiento de los trabajadores vulnerables, los mayores de 60 años y los que tienen enfermedades asociadas de riesgos como hipertensión, diabetes y respiratorias. Se puntualizó con ellos la posibilidad del trabajo a distancia y hoy la mayoría se han acogido a esa modalidad”, especifica Rodríguez Romero.

Además, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular adoptó la Instrucción No. 248 del 31 de marzo del 2020, publicada en la Gaceta Oficial de la República No. 16 Extraordinaria de fecha 1 de abril del 2020. Allí se dispone la suspensión y detención temporal inmediata de la tramitación e impulso procesal de los asuntos o procesos judiciales en curso, atendiendo a la especial situación en que se encuentra el país, exceptuando aquellos asuntos y trámites que, en razón de su naturaleza y contenido, por causas justificadas, resulte necesario e impostergable proseguir su atención y tratamiento. “Para disminuir, en lo posible, el desplazamiento y los contactos entre las personas implicadas en los procesos y trámites que prosiguen su curso, siempre que sea posible, los Tribunales podemos realizar las citaciones y notificaciones mediante el teléfono, correo electrónico o cualquier otro medio telemático, dejando debida constancia de esta diligencia en las actuaciones. En los actos judiciales presenciales como comparecencias, juicios orales y otros similares, que se realicen en las actuales circunstancias, adoptaremos todas las medidas sanitarias y preventivas que procedan, para evitar posibles contagios y transmisión del virus entre los asistentes a dichos actos”, argumentó Adria, quien encabeza un colectivo formado mayormente por féminas.

Sin embargo, la responsabilidad del Tribunal llega más allá. En tiempos tan difíciles tiene el deber de cumplir la ley, sobre todo en lo referido a delitos que surgen o proliferan a raíz de las condiciones actuales. El Código Penal Ley 62 en el Título III, Capítulo V, Delitos Contra la Salud Pública en la Sección Primera, establece el delito de la Propagación de Epidemias en el: ARTICULO 187. 1: “El que infrinja las medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias competentes para la prevención y control de las enfermedades trasmisibles y los programas o campañas para el control o erradicación de enfermedades o epidemias de carácter grave o peligrosas, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas. 2. En igual sanción incurre el que se niegue a colaborar con las autoridades sanitarias en los lugares del territorio nacional en que cualquier enfermedad trasmisible adquiera características epidémicas graves o en los territorios colindantes expuestos a la propagación. 3. El que maliciosamente propague o facilite la propagación de una enfermedad, incurre en sanción de privación de libertad de tres a ocho años. Entre las tareas de este tribunal está exigir el cumplimiento de esta legislación, lo que en las actuales circunstancias es cuestión de la supervivencia de la nación. Y los jueces están listos ante el reto.

“Los Presidentes de los Tribunales, ahora más que nunca debemos empeñar todo nuestro sentido común y toda nuestra capacidad de análisis, organización e inteligencia en la toma de decisiones acertadas y a usar óptimamente los recursos disponibles,” afirma Adria, quien sabe que lo más prudente es permanecer en casa, para cuidarnos todos, y asume sus funciones apoyada por sus compañeros que cumplen disciplinadamente con todas las orientaciones recibidas.

“El colectivo de la Sala Tercera también aplaude a los médicos y a todo el personal de la salud que en Cuba y el mundo ponen en alto su profesión de salvar vidas humanas. Hacer cada cual desde la posición que estemos lo que el momento demande. Luchamos todos por la tarea prioritaria de hoy: defender la vida”, explica Adria.

Por ellos también deberíamos aplaudir. Se mantienen velando por la justicia en tiempos de epidemia. También por ellos, que no pueden, quédate en casa.

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